Papel Prensa marca la diferencia

Por Jimena Marín y Soledad Gil


Coordinadoras del Observatorio de Periodismo y DD.HH.

Los dos principales diarios de la ciudad de Mendoza construyen sentido común de lógica opositora a las políticas en torno al Derecho Humano a la Comunicación e Información, pero el debate sobre la producción del papel para los medios impresos marca la diferencia entre los dos.

El Observatorio de Periodismo y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), realizó una investigación con el fin de dilucidar el posicionamiento de los dos diarios locales de mayor tirada en provincia de Mendoza, Los Andes y UNO, sobre el tema Derecho a la Comunicación y a la Información.
Desde el modelo teórico-metodológico de la Intencionalidad Editorial, se desarrolló un observatorio que abracó un periodo que comenzó el 24 de agosto, día en el que se la presidenta argentina dio a conocer un informe acerca de la empresa monopólica Papel Prensa.
El seguimiento que hizo el grupo de investigación de la UNCuyo se extendió hasta el 29 de septiembre, día posterior a la marcha convocada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática hacia los Tribunales de justicia de la Capital Federal. La consigna de esa movilización fue que la Suprema Corte de la Nación se expidiese respecto del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que establece los plazos de adecuación a la normativa sancionada en octubre de 2009.
Luego de un análisis cuantitativo y cualitativo de las piezas periodísticas acerca del tema que dichos medios publicaron en el periodo, y en base a fuentes consultadas y construcciones discursivas utilizadas, el equipo concluyó que los diarios Los Andes y UNO se posicionaron de manera similar respecto al Derecho a la Comunicación y la Información. Ambos se oponen y deslegitiman toda política promovida por el gobierno nacional referida al tema.

Los Andes, propiedad del mayor multimedio del país –Clarín-, reprodujo el discurso de su grupo de pertenencia en todas las piezas donde aborda el Derecho a la Información. Dado que es éticamente incorrecto manifestarse abiertamente en contra de este derecho reconocido internacionalmente, el medio construyó el sentido deseado apelando a una serie de mecanismos: una cuidadosa selección de fuentes, uso de reglas propias de la propaganda y de construcciones gramaticales y adjetivaciones descalificantes. Así, Los Andes manifiestó su total oposición a todas las políticas aplicadas por el gobierno nacional sobre el tema.

Su recurso central consistió en deslegitimar a la administración de Cristina Fernández y calificarla de “controladora”, “censuradora de la prensa no oficial”, “autoritaria”. A partir de la acción de desprestigiar a la presidenta, trasladó todo sus dejos negativos a las políticas aplicadas por la primera mandataria. De esta manera, Los Andes –al igual que Clarín- atacó la LSCA y su reglamentación, y se opuso a la caducidad de la empresa que presta servicios de internet y que pertenece al mismo grupo empresario, Fibertel.

Insistió, entonces, en la idea de que el gobierno nacional pretende controlar todos los medios de comunicación no oficialistas, y desmintió las informaciones contenidas en el informe presentado el 24 de agosto –Papel Prensa. La verdad- respecto de la venta ilegal de esa empresa, y la vinculación de los medios gráficos impresos Clarín, La Nación y La Razón con la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Por su parte, el diario UNO, perteneciente al Grupo Uno del tándem empresario Daniel Vila-José Luis Manzano -segundo multimedios del país- mantuvo una absoluta oposición a las políticas nacionales respecto del Derecho a la Información, en tanto afectasen sus intereses.

De esta manera, ante la LSCA presentó piezas en completa oposición, deslegitimó en ellas tanto a la ley como al gobierno impulsor de la misma, a través de las fuentes consultadas y las reglas propias de la propaganda puestas en juego.

Sin embargo, la postura del medio varió cuando el tema a cubrir fue Papel Prensa. El informe que investigó la venta de esta empresa manifestó una posible apropiación ilícita de la misma por parte de los diarios de mayor distribución a nivel nacional, La Nación y Clarín. Una de las primeras secuelas de esa presentación pública fue el envío del poder Ejecutivo al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que declare de interés público la producción de pasta celulosa.

El objetivo del debate promovido es la distribución equitativa de este recurso y el rol que el Estado debe tener en ese esquema. UNO podría verse beneficiado ante la medida ya que hasta el momento, como principal competidor de Los Andes, siempre se vio perjudicado ante la necesidad de adquirir papel para su edición impresa.

Luego del anuncio presidencial, UNO publicó editoriales y notas de información desde un posicionamiento editorial favorable a la acción del Ejecutivo nacional en la materia. De todos modos, no descuidó la necesidad de guardar distancia ideológica con el oficialismoy de mantener un posicionamiento en general opositor hacia el mismo.

Tanto Los Andes como UNO construyen sentido común de acuerdo a sus intereses políticos, económicos e ideológicos. Ambos medios, integrantes de grandes multimedios nacionales, se ven afectados por políticas tales como la LSCA, por lo cual manifiestan su absoluta oposición a la misma, deslegitimándola.

En cambio, dado que las medidas anunciadas por el gobierno nacional ante la investigación que indicó que Clarín participó de la apropiación de Papel Prensa sólo perjudicarían a este multimedio, beneficiando posiblemente al resto de los diarios del país, en la cobertura de este tópico específico, ambos medios se distanciaron.

Mientras Los Andes mantendrá su absoluta oposición, UNO construirá un sentido positivo, lo cual permite dilucidar la parcialidad de cada uno de estos medios, propia del sector de la sociedad al cual pertenecen. Parcialidad, por su parte, que es presentada en los procesos periodísticos como universal y natural.

El equipo de investigaciónque llevó a cabo el observatorio, avalado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCuyo, es dirigido por el Dr. Ernesto Espeche y co-dirigido por el Dr. Roberto Follari. La presente observación fue realizada por los/as integrantes del grupo de investigación “Observatorio de Periodismo y Derechos Humanos”, Paola Ortiz, Federico Lemos, Moisés Ortiz y Luciano Viard.

07 de noviembre de 2010