Publicado el 8 de Septiembre de 2010, en Tiempo Argentino.
Por Víctor Ego Ducrot
Periodista, escritor y profesor universitario.
(La actitud de Magnetto y Mitre) indigna porque pone en evidencia la capacidad de influencia ilegal que han tenido durante décadas las corporaciones mediáticas hegemónicas, pero a su vez, no debería sorprendernos porque esos grupos empresarios, sus propietarios y principales ejecutivos, engordaron con la dictadura militar.
Indigna sí, pero no debería sorprendernos que Héctor Horacio Magnetto y Bartolomé Mitre se hayan presentado ante el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, con la intención de obstruir la justicia que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos, muy probablemente, durante el proceso de apropiación de Papel Prensa. Digo indigna porque pone en evidencia la capacidad de influencia ilegal que han tenido durante décadas las corporaciones mediáticas hegemónicas, pero a su vez, digo que no debería sorprendernos porque esos grupos empresarios, sus propietarios y principales ejecutivos, engordaron con la dictadura militar, la misma que los impregnó con su cultura del sigilo, del actuar en las sombras y de la impunidad.
Esa impregnación fue de tal magnitud que convirtió a las redacciones y a las mesas de edición de sus medios en verdaderas expertas a la hora de recurrir a la más amplia colección de máscaras, al más completo dispositivo simbólico de encubrimiento.
Y si admitimos la indignación como estado de ánimo desde el cual interrogarnos a nosotros mismos acerca de la realidad que amanece cada día en nuestro país, por qué no preguntarnos cuál puede ser el posible grado de responsabilidad de ciertos periodistas devenidos en operadores de los intereses de Magnetto y compañía, quienes desde páginas en papel o en soporte digital, desde la tele o por los micrófonos de radio, aparecen como eternos cruzados en defensa de sus jefes, sin reparar en la posibilidad de la duda, sin conceder crédito alguno a las investigaciones promovidas por el Poder Ejecutivo ni a la las indagaciones del Poder Judicial.
Digo esto porque, tras leer y leer, ver y ver, y oír y oír las afirmaciones cotidianas que formulan Eduardo van der Kooy, Julio Blanck, Nelson Castro, Ernesto Tenembaum y Joaquín Morales Solá, entre muchos otros, se me ocurre una pregunta que tan sólo podría contestar un letrado del foro, un fiscal o un juez: ¿hasta qué punto esos personajes no incurren en responsabilidad penal –de ninguna manera por su opiniones en sí mismas, pues tienen todo el derecho de expresarlas por virulentas que sean o injustas que puedan sonar a los oídos de algunos–, sino porque las mismas podrían resultar acciones u omisiones encubridoras de crímenes muy graves?
Quizás me equivoque, pero no estaría de más que se expida al respecto algún conocedor de Derecho. Y ni que hablar entonces de los dizque dirigentes políticos –todos de la oposición rabiosa–, si es que efectivamente saben pero callan; o lo que es peor, dicen al revés, también para congraciarse con sus jefes; los que, dicho sea de paso, permite que sean dirigentes porque a su disposición están las cámaras y lo estudios de la TV oligopólica. Ellos y ellas nunca podrán hacer política en las calles, en las plazas, entre la sociedad tangible, lejos de los focos y los maquillajes.
Parecería entonces que libertad de expresión y justicia son dos categorías que deben marchar de la mano, y para que ello sea posible, aquí otra ocurrencia para este miércoles de septiembre. ¿No será que la libertad de expresión sólo tendrá carnadura, volumen y densidad suficientes en orden a la justicia tan sólo si se desenvuelve en la dimensión de lo social y respondiendo a su naturaleza última, que pertenece al campo de la intervención política?
Ese debe ser el interrogante para el que busca una respuesta Gabriel Mariotto, titular del AFSCA (dependencia del Ejecutivo encargada de aplicar la ley que administra el espacio radioléctrico y televisivo), cuando afirma que “el nuevo marco jurídico es una texto, sí, pero un texto que interpela a la sociedad para que ella misma se haga cargo, asuma, los derechos y libertades que le reconoce el Estado republicano”. Y aquí otra pregunta para continuar con el desarrollo de este puñado de ideas: ¿acaso tiene la sociedad otro universo que no sea el de la práctica y el de la intervención política para ejercer los derechos que le reconoce la ley?
Puede ser que me equivoque, de eso se trata el acto del pensar, pero las reflexiones teóricas y las experiencias concretas ensayadas desde ámbitos académicos referidos al campo de los medios, sus acciones y posibilidades, nos dicen con convicción que la libertad de expresión y la justicia regirán en la medida que el conjunto de la sociedad tome la acción pública en sus manos
Quizá Mariotto comparta ese razonamiento, lo que explicaría su audacia del sábado pasado al hablar, en Lomas de Zamora, ante casi 500 estudiantes, profesores y directores de carreras de Comunicación de más de 15 universidades públicas de todo el país, para invitarlos a sumarse a la Corriente por una Comunicación Nacional y Popular (CCNP).
Y consiguió un sí rotundo, lo que implica una revisión de la matriz académica neoliberal que atravesó durante décadas a los estudios sobre Comunicación. Pero lo más significativo resulta de lograr una herramienta decisiva para hacer que los saberes de los claustros influyan en, y sean influidos por, los saberes populares en materia comunicacional y organización social. En ese sentido, Mariotto se hizo cargo del desafío que implica la plena vigencia de la nueva Ley de Medios, desafío que se potenciará toda vez que la justicia nos diga la verdad acerca de lo que sucedió con Papel Prensa y que el Congreso de la Nación acompañe al proyecto del Ejecutivo, para democratizar la producción y distribución del insumo básico de la prensa escrita e impresa. Por eso, explicó, se puso al frente de esa original iniciativa política, que hecha mano a una ley de la democracia para que los colectivos sociales tomen la palabra, se organicen en torno a ella y asuman su propia práctica política.
Según el titular del AFSCA, la Corriente apoyada el sábado por un sector determinante de la comunidad académica especializada – entre sus impulsores se encuentran Santiago Aragón, decano en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Ernesto Espeche, director de carrera en la Universidad Nacional de Cuyo; y Alejandro Verano, ex decano en la Universidad Nacional de La Plata – “viene trabajando en barriadas del Gran Buenos Aires, Capital Federal, Rosario, Córdoba, Mendoza, Corrientes, San Juan y San Luis, para que la comunicación popular sea un instrumento de debate y disputa ante el aparato de sentidos organizado por las corporaciones mediáticas hegemónicas; y aportar desde allí a la continuidad del proyecto de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que encabezan la presidenta Cristina Fernández y Néstor Kirchner”.
Una vez más, la historia enseña que la democracia es el modo apropiado para que el conjunto de la sociedad ponga en tensión sus mejores potencialidades creadoras; en este caso, al servicio de la libertad de expresión real y de la justicia, sin la cuales no es pensable la convivencia dentro de un Estado de Derecho.
http://tiempo.elargentino.com/notas/libertad-de-expresion-mas-justicia
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