miércoles, 15 de septiembre de 2010

Un 17 para el 161, y no es quiniela

Sobre la Ley de Medios

Un 17 para el 161, y no es quiniela

Publicado el 15 de Septiembre de 2010
Por Víctor Ego Ducrot
Periodista, escritor y profesor universitario.



Lo que los oligopolios mediáticos no soportan de la Ley de Medios audiovisuales es la pluralidad de opiniones, en cuanto a la diversidad cultural y de intereses; sin tapujos ni pseudoprofesionalismos.



No vayan a creer ustedes que derrapé hacia la mala costumbre de levantar juego clandestino por las calles. No, simplemente les cuento algo que pude oír, de muy buena fuente, acerca de la decisión y necesidad de varios sectores del arco político y social que apoya al proyecto de país que encabezan la presidenta Cristina Fernández y Néstor Kirchner: movilizar a la sociedad, en forma tangible, en las calles, para que el Grupo Clarín y sus socios pierdan la esperanza de bloquear el artículo 161 de la Ley de Medios, al que ellos denominan “de desinversión”, cuando en realidad se trata de un texto que sólo pretende que las empresas mediáticas ajusten su conducta a Derecho.

La movilización no tiene fecha aún, pero no demorará mucho en tomar cuerpo, de ahí el título de nuestro encuentro de este miércoles, en clara alusión a que la ley requiere de una jornada callejera, amplia y lo más representativa posible. Ese es el criterio entre quienes están trabajando para ello, como algunos dirigentes de la CGT, de la CTA y de diversas organizaciones sociales, entre ellas la flamante Corriente por una Comunicación Nacional y Popular (CCNP), que cuenta con el apoyo de las carreras de Comunicación de más de 15 Universidades Nacionales, y despliega iniciativas de militancia territorial en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, como así también en Mendoza, San Juan, San Luis, Rosario, Córdoba, Corrientes y Tierra del Fuego.

“Estamos trabajando para poner en tensión todas las herramientas de movilización social que sean necesarias para que, ante cada iniciativa de bloqueo por parte de las corporaciones mediáticas, la nueva Ley de Servicios Audiovisuales tenga sus propios 17 de Octubre”, destacó Ernesto Espeche, director de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo.

Por su parte, el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de la nueva norma (AFSCA), Gabriel Mariotto, insistió en la importancia que adquiere toda iniciativa movilizadora, en la medida que la misma exprese la participación del movimiento sindical y del conjunto de las organizaciones sociales. “Debemos lograr que de una vez por todas los monopolios aprendan a someterse al Estado de Derecho”, remató Mariotto.

No está de más resaltar que se trata de la defensa de un marco jurídico que está en plena vigencia y, no como afirman las baterías discursivas del monopolio que no se cansan de tergiversar y desinformar, de violar el derecho de todos y todas a una comunicación confiable, equilibrada. No neutral, por supuesto, porque la misma simplemente no existe, más allá de los mitos hegemónicos de la “imparcialidad” y de la “objetividad” como principios de verdad absoluta, como vectores y marcas para establecer lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bello y lo que no.

Lo que los oligopolios mediáticos no soportan de la Ley de Medios Audiovisuales, y tampoco de la iniciativa gubernamental para darle luz a lo sucedido con Papel Prensa y democratizar la producción y distribución del insumo material básico para el periodismo gráfico e impreso, es la pluralidad de opiniones, en cuanto a la diversidad cultural y de intereses; sin tapujos ni pseudoprofesionalismos, que nada tienen de profesionales y mucho de encubridores y sigilosos a la hora de informar, sin dar cuenta desde dónde el emisor de mensajes dice, escribe o muestra eso que dice, escribe y muestra.

También podría resultar útil recordar que la Ley de Medios, la que en varias oportunidades fuera calificada como la más avanzada en su materia, según funcionarios de la ONU, se trata de un instrumento cuyas proposiciones descansan sobre una contundente gama de experiencias internacionales. Para el caso que nos ocupa, el del artículo 161 tan vilipendiado por el Grupo Clarín, se nos ocurre mencionar aquí que, de alguna manera, el mismo contempla en su espíritu un fallo adoptado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando, en 1909, obligó a la Standard Oil a desagregarse, a liquidar su estructura monopólica. Fue un fallo histórico y algunos dicen que “una bendición para el negocio, porque, entre otras cosas, la liquidación del trust de la Standard trajo la posibilidad de que la innovación tecnológica jugase un papel decisivo en el negocio petrolero”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense manifiesta cierta tradición de consecuencia frente a los monopolios. También en 1911 ante la American Tobacco; en 1953 respecto de la United Shoe; y en 1984 en el caso AT&T, que terminó con el gigante telefónico Bells. En todas esas oportunidades, se obligó a las corporaciones a desprenderse de ciertos negocios y empresas, simplemente para someterse a Derecho, que viene a ser lo mismo que contempla nuestro artículo 161, tan mal querido por Magnetto y sus socios.

Podríamos referirnos también a la sentencia del 3 de abril de 2000, emitida por el juez federal del Distrito de Washington Penfield Jackson, quien responsabilizó a Microsoft de intentar monopolizar el mercado de Internet, cerrándose así la primera batalla judicial contra esa empresa, iniciada el 18 de mayo de 1998 por el gobierno federal de los Estados Unidos y 19 de los estados de la Unión, a los que se unieron algunas de las más importantes competidoras de Bill Gates.

Y ya que estamos de recuerdos, por qué no remitir a uno muy fresquito y local, ampliamente difundido por este diario la semana pasada. La ministra de nuestro máximo tribunal de justicia, Elena Highton de Nolasco, recordó que la Ley de Medios “está vigente” y que la cautelar concedida a favor del Grupo Clarín por el juez Edmundo Carbone en diciembre pasado, y que suspende la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sólo corre para ese grupo en particular. “Para el resto de la población la ley está vigente, incluyendo la aplicación de dicho artículo. Así se desprende de las declaraciones de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, en una conferencia de prensa que dio en el Instituto Konrad Adenauer (…) Las afirmaciones de la jueza trajeron claridad al bombardeo de desinformación con el que varios medios nacionales han rodeado la firma, por parte de la presidenta Cristina Fernández, del decreto reglamentario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, incluyendo su artículo 161, y la resolución mediante la cual la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) echó a correr el plazo de un año para que las empresas del sector se adecuen a la nueva normativa en telecomunicaciones y se desprendan de las licencias que exceden el tope máximo permitido por la ley”, terminó de aclarar Tiempo Argentino.

En fin, para qué seguirla, pero qué bien le vendría un 17 a nuestro artículo 161; es decir una jornada en la que los argentinos pongamos el cuerpo y el alma, para que, como seguramente sucederá, en la República se haga justicia.

http://tiempo.elargentino.com/notas/17-para-161-y-no-es-quiniela

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