La batalla por el sentido

La industria cultural y su hiperdesarrollado sistema de mass media, que atosigan de información la pervivencia cotidiana del ciudadano, son algunos de los ejemplos más sofisticados. El caso argentino no es una excepción.

Por Jorge Muracciole
Sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Estudiosos sobre las cuestiones del poder y la dominación han afirmado que la batalla por el sentido de los hechos y las cosas que suceden en una sociedad es la piedra angular en la que se sostiene el andamiaje de dominación de las élites sobre las mayorías. La preocupación de los que mandan sobre los otros, a través de la historia, ha sido más allá de la coacción –típica de las sociedades de la antigüedad–, la producción de dispositivos de los más diversos para dotar de sentido a la realidad y formatear el imaginario de las multitudes. La industria cultural y su hiperdesarrollado sistema de mass media, que atosigan de información y entretenimiento la pervivencia cotidiana del ciudadano globalizado, son algunos de los ejemplos más sofisticados. El caso argentino no es una excepción. La influencia que ha tenido en las últimas décadas la comunicación de masas en la construcción y reforzamiento del sentido común explica la fuerte resistencia de importantes sectores del establishment ante lo que se denominó, en los dos últimos años, la democratización de la Ley de Medios y Servicios Audiovisuales, cuya total aplicación está todavía –a pesar del voto mayoritario de diputados y senadores– dirimiéndose en los pasillos de los Tribunales.

Detrás de la demora de más de 27 años en la eliminación de la normativa comunicacional de la dictadura, se esconde un complejo entramado de negocios y relaciones de poder. Una red tan poderosa como los niveles de rechazo de la corporación mediática y la oposición de derechas a todo intento de alterar el statu quo vigente por décadas.

Sus defensores parlamentarios se diferenciaron entre los históricamente ligados a intereses minoritarios, fervientes partidarios del establishment, y los otros, los oportunistas que, por miedo a desaparecer de los medios hegemónicos, toman sus recaudos, en caso de que la ley sea derogada en el futuro por la anunciada restauración conservadora que tanto desean los reaccionarios de todo pelaje.

A propósito de la mencionada batalla por el sentido, en la última semana, el contrapunto de interpretaciones ante el fallo de la Corte Suprema sobre la tan meneada Ley de Medios, y en particular en relación con algunos artículos de singular importancia para el Grupo Clarín, fue el tema que ocupó un amplio despliegue, tanto en la prensa conservadora, como en los periódicos defensores de la aplicación de la nueva Ley de Medios, parida el año pasado en el Parlamento.

Al confirmar la Corte Suprema la plena vigencia de la ley, pero al mismo tiempo mantener la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín con respecto al tiempo para desinvertir, permitió que las interpretaciones opuestas de los medios de prensa –que antagonizan ante la efectivización de la nueva ley de la democracia– desarrollaran en sus editoriales una valorización disímil sobre el sentido de la resolución de los supremos. Para el Grupo Clarín, su título de tapa definía como “derrota del gobierno”, lo dictado por el máximo tribunal, al rechazar la apelación presentada por el Ejecutivo, en relación al artículo de la ley que obliga a las empresas a desinvertir en un plazo de un año. En su sesgada información, el matutino de Ernestina Herrera nada dijo de la reafirmación del alto tribunal: la vigencia de la ley votada por los representantes de la ciudadanía por amplia mayoría. Tampoco se destacó que cinco de los altos magistrados instaron a resolver en un plazo “razonable” por parte de un juez de primera instancia, en relación con el artículo 161 que obliga a Clarín a desprenderse de señales de radio y televisión, partiendo del criterio de que las medidas cautelares no pueden ser permanentes en el tiempo.

Lo cierto es que la judicialización de una ley votada por amplia mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores ha sufrido desde su promulgación marchas y contra marchas, que efectivamente han impedido su plena aplicación a casi un año de la resolución parlamentaria. Este tema, como tantos otros, es cotidianamente ponderado o minimizado por los medios de comunicación. No sólo como ha hecho el grupo con posición dominante en el mercado periodístico durante décadas, fijando la agenda de los medios, sino que han permeabilizado el imaginario de la sociedad toda, con el silencio cómplice de importante sectores de la política. Los mismos que consideraron un tema intocable, en 27 años de democracia formal, la promulgación de una ley que democratizara el espectro mediático, asimétricamente gobernado por los grupos asociados en la empresa monopólica Papel Prensa. Hecho que se da desde los inicios del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura cívico-militar a partir de 1976.

La incidencia en el sentido común, tanto como la mentira institucionalizada de la supuesta “objetividad periodística” fueron marcando a fuego el ideario de las élites en importantes sectores de la población, y (en su momento) en el exterminio del extenso universo de la disidencia política. Esos medios de comunicación fueron cómplices de la invisibilización de la represión salvaje, negando el terrorismo de Estado y disfrazando los secuestros y las víctimas de la cacería humana como muertos en combate.

Luego de la derrota de Malvinas, pasando de su primigenio apoyo incondicional a la aventura dictatorial, a crear las condiciones para una retirada ordenada de los militares a los cuarteles. Lo que cada vez queda más claro, a 27 años de transición democrática, es que el pacto posdictatorial de los partidos mayoritarios ante el poder real fue limitar el peso de la ley tan sólo a los máximos representantes de las Juntas de Comandantes, intentando invisibilizar los fuertes lazos existentes entre determinadas corporaciones y el poder militar en la planificación del exterminio “necesario” para poder implementar, sin resistencia social, su proyecto económico-político de liberalización de la economía, profunda redistribución regresiva y apertura a la trasnacionalización de la Argentina. A más de 34 años de ese proyecto, los dueños del dinero y la derecha política con otros ropajes “políticamente correctos”, en su reinvención del centrismo descafeinado de la democracia tutelada, intentan profundizar la histórica batalla por el sentido, tildando cínicamente de autoritarios a aquellos que con la ley y la legitimidad del voto de las mayorías, intentan que la multiplicidad de voces rompan el pensamiento único de los históricos dueños del pasado, presente y futuro de los argentinos.
 
Fuente: Tiempo Argentino