En gran medida, un censo poblacional como el que la Argentina va a vivir el próximo 27 de octubre reviste para el destino de un país una importancia similar a la de un acto electoral.
En los comicios, la sociedad va a las urnas para elegir a sus representantes. En un censo, el Estado toca a la puerta de esa misma ciudadanía para confeccionar el “mapa humano” de la Nación, para saber cuántas personas viven en ella, pero también para determinar sus rasgos, sus logros y sus necesidades. Constituye una política de Estado y es un derecho de la sociedad que busca conocerse a sí misma. Por esa razón, atentar contra un censo es atentar contra un recurso fundamental de cara al futuro.
Sin embargo, en los últimos días un ariete de redes sociales, medios de comunicación y políticos opositores viene agitando con fuerza una campaña de boicot contra el Censo 2010. La estrategia cuestiona la idoneidad del gobierno nacional y apela, una vez más, al discurso del miedo, sin privarse tampoco de acudir a la “justicia cautelar”.
Los primeros escarceos se vieron en las páginas de los diarios Clarín y La Nación. Ya en su edición del 26 de septiembre pasado, el “gran diario argentino” aseguró que “el censo no va a realizarse en el clima de confianza que requiere (…) Y tampoco garantiza que esa información sea luego procesada con el rigor técnico que merece.” Pero la tendencia llegó al paroxismo en la señal de cable TN, del multimedios comandado por Héctor Magnetto. En esa pantalla, el pasado miércoles 6 de octubre el columnista Mario Mactas acuñó la figura “el censo del miedo”. “Creo que es un título apropiado”, dijo Mactas, y agregó: “comprendo, justifico y analizo que el miedo puede formar perfectamente parte de este censo también”.
El mismo día, La Nación llevaba a su portada un artículo titulado “El temor y la sospecha amenazan al censo. La gente desconfía de encuestadores falsos”. Para el diario –cuyo artículo fue replicado por TN–, “cada vez son más las personas que dejan trascender que ese día no le abrirán la puerta al censista, porque desconfían del manejo oficial del relevamiento o por miedo a ser víctima de un robo ante la ola de inseguridad”. Para completar la maniobra, La Nación propuso la siguiente encuesta en su sitio web: “¿Le abrirá la puerta al censista?”. Según el periódico, arrojó un resultado negativo del 59,13 %, sobre 11.087 votos. “En la calle, la percepción es similar. Mucha gente admite que tiene miedo”, completaba el artículo de la “tribuna de doctrina”, que en su página de Internet también propuso una sección que invitaba a sus lectores a dejar experiencias y opiniones a partir de una consigna inquietante: “¿Te preocupa dejar entrar al censista a tu casa?”
Todos estos artículos y editoriales se hicieron eco y, a su vez, foguearon una campaña vía redes sociales y cadenas de mail que viene llamando decididamente a malograr el relevamiento y a no recibir a los encuestadores, ya sea por antikirchnerismo declarado o sosteniendo que el censista puede ser parte de la “ola de inseguridad”.
En Facebook, al menos cuatro sitios alientan el boicot, mezclado con consignas destituyentes y odio anti-K. En uno de ellos, “Censo 2010: No les abras”, un grupo anónimo informa que “esta página fue creada en repudio al Censo Nacional”. Al cierre de este artículo, la Web contaba con el visto bueno de 4589 personas. Su lema es similar al de “En repudio a la patota del Indec, no nos dejemos censar”, también en Facebook. Autodefinido como “grupo que promueve la resistencia estadística durante el censo nacional” y con 1525 miembros, la página es obra del abogado y denuncista compulsivo José Lucas Magioncalda, presidente de la muy activa asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional y con buena llegada al bloque de diputados de la UCR (ver recuadro aparte). En su cruzada, la asociación sostiene que “no debemos prestarnos a legitimar una farsa con nuestra colaboración” y ofrece imprimir un afiche con la leyenda “Estimado encuestador/a no se moleste en tocar el timbre.” En total, el boicot Facebook ya registra unas 7000 adhesiones.
Ante esta situación, las autoridades a cargo del operativo volvieron a repetir que están dadas todas las garantías para que la jornada del 27 sea en paz, para lo que se contará con el apoyo de las fuerzas de seguridad, federales y provinciales. Recordaron que la información es anónima y confidencial, que los censistas portarán una credencial inviolable que se les entregará pocos días antes, para que no pueda ser duplicada, y que además se les podrá solicitar el DNI. También aclararon que sólo los 594.517 censistas que irán puerta por puerta, la mayoría de ellos docentes, están capacitados para completar el cuestionario, que además se imprime en un papel especial.
Ante la insistencia mediática y digital del discurso anticenso, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, habló de “un verdadero desquicio” y de “una campaña con intencionalidad de entorpecer”.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Adrián Pérez declaró a Tiempo Argentino: “No creo que sean positivas las campañas promoviendo no recibir al censista, es una absoluta equivocación.” El diputado opositor consideró que las críticas por la seguridad y por la situación del Indec, muchas de las cuales comparte, “no pueden obturar la necesidad de que tengamos todos los datos que tenemos que tener en este censo. La dirigencia política tiene que apelar a que la ciudadanía participe activamente, y el Estado tendrá que garantizar también que haya seguridad ese día, que la gente se sienta segura.”
Por su parte, el diputado nacional Martín Sabbatella, de Nuevo Encuentro, sostuvo que “meter al censo en la disputa política es una barbaridad. Se trata de un instrumento para actualizar datos sociales y económicos de la población, una herramienta que necesita el país y es fundamental para la definición de las políticas públicas.” Para Sabbatella, “hay sectores que, con tal de desacreditar y obstaculizar, buscan cualquier excusa para infundir miedo y desconfianza”.
Sin embargo, en su edición del sábado 9, La Nación volvió a la carga con la paranoia. En la editorial “Miedo al censo”, sostuvo que “debido a la inacción de las autoridades ante la grave ola de delitos, muchos ciudadanos temen recibir a los censistas”. Haciendo una inversión de la prueba, el diario vaticinó que los vecinos del Conurbano y la Capital Federal deberán tratar con los encuestadores “sin estar absolutamente seguros de que no se trata de malhechores encubiertos” (sic).
Virtual y cautelar
Pero la campaña anticenso no se agota en Facebook, en las páginas o la pantalla de la prensa hegemónica. Atento a las tendencias judiciales, los miembros de Ciudadanos Libres también jugaron una carta para frenar el operativo por vía de la “industria cautelar”. El pasado 15 de septiembre presentaron un pedido de acción de no innovar contra el decreto presidencial 67/2010, que ordenó la realización del censo. Sin embargo, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento rechazó la cautelar por entender que “no cumplía los requisitos de verosimilitud”. La asociación civil ya apeló a la Cámara Federal.
El 9 de septiembre pasado, la misma entidad había organizado una charla en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA, a la que invitó a varios panelistas nada casuales y que hablan de todo un sistema de relaciones políticas. Uno fue la ex directora de Precios del Indec Graciela Bevacqua, que tras su salida de ese organismo se dedicó a agitar los índices inflacionarios de su consultora Buenos Aires City. Uno de los socios de Bevacqua en esa empresa, Nicolás Salvatore, saltó a la fama por un mensaje de Facebook donde prometió encargarse de que el número de la inflación esperada “sea alto, muy alto, recontra alto”, y definió a esa variable como “un fuego santo, purificador, que incendiará a todo el kirchnerismo en la hoguera”. Salvatore después explicó que había sido sólo una broma, pero de todas formas sus mediciones siguieron “recontra” altas.
Cosas de la vida, el consultor también tiene estrechos vínculos con otro de los invitados a la charla anticenso, así como uno de los más acérrimos detractores del Indec: el diputado nacional por la UCR y abogado Ricardo Gil Lavedra. Según Salvatore, Gil Lavedra lo patrocina ante otro escándalo que lo tiene como protagonista: en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde es docente, sus alumnos lo acusan de agresiones y de hacer comentarios misóginos.
Aparentemente, Gil Lavedra no pudo asistir al evento convocado por Ciudadanos Libres, pero en su remplazo estuvo presente una correligionaria, la también diputada nacional Sandra Rioboó, de intensa labor anticenso y firmante de dos de los tres proyectos que la UCR impulsa en el Congreso para impedir el relevamiento. El 27 de agosto pasado, Rioboó presentó el proyecto 6323-D-2010 para suspender el evento censal “por 150 días prorrogables a la normalización del Indec”. La acompañaron otros radicales y un peronista federal, el duhaldista Eduardo Amadeo. Tres días después, insistió con un pedido de resolución, el 6347-D-2010, donde solicitó al Poder Ejecutivo que “disponga suspender el decreto 67/2010”.
Rioboó sostuvo que hay “un ingrediente que a la vista de todos no hace más que por lo menos poner en duda los resultados y la capacidad operativa para realizarlo exitosamente”, en referencia al Indec, a cuya intervención llamó “ineficaz y carente de credibilidad”.
Desde el oficialismo consideran que estas explicaciones y muestras de preocupación opositora en realidad esconden un intento por mellar al gobierno de Cristina Fernández, con la premisa de que un fracaso del censo será un fracaso de su administración. Pero también aseguran que todos aquellos políticos que tienen responsabilidad de gobierno, desde el santafesino Hermes Binner hasta el porteño Mauricio Macri, apoyan el censo y están “ávidos” por contar con sus datos, porque saben de la importancia de esas estadísticas en la instrumentación de políticas públicas para sus propias gestiones.
La información, como siempre, será el mejor de los consejeros.
Fuente: Tiempo Argentino
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